Esta semana se ha
confirmado por fin el primer damnificado de la trama Bankia. No hablo
de Blesa, que sigue vivito y coleando por las calles de Madrid, no
hablo de ninguno de los directivos de Caja Madrid, ni siquiera de la
cobaya del PP, Rodrigo Rato. Hablo del juez Elpidio Silva,
condenado a 17 años y medio de inhabilitación por delitos de
prevaricación cometidos cuando instruía el caso Blesa. Así ha
confirmado el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. El órgano supremo del poder judicial considera
que no había indicios suficientes en la investigación como
para incautar los correos electrónicos de Blesa,
y mucho menos para enviarlo a prisión preventiva en dos ocasiones.
Así que fin de la historia, Miguel Blesa seguirá en libertad pese a
los múltiples escándalos en los que está inmerso (la
compra-venta del City National Bank of Florida, el escándalo de las
preferentes o las tarjetas black de Caja Madrid). Una historia que
nos recuerda mucho a la de Baltasar Garzón, que tras más de 20 años
carrera judicial fue inhabilitado por su instrucción en el Caso
Gürtel. No es de extrañar, de hecho, que el resultado sea tan
similar, puesto que tres de los jueces que expulsaron a Garzón
formaban parte del tribunal que revisó la condena a Elpidio Silva.
Un destino similar puede que le espere al juez Ruz. El que fuera la
apuesta personal del Consejo General del Poder Judicial para
sustituir a Baltasar Garzón parece que empieza a tocar las narices
más de lo debido. Es difícil no hacerlo cuando las evidencias son
tan abrumadoras como en el caso Gürtel, pero el proceso se sigue
alargando y alargando y siguen sin haber responsables. Pero para el
PP, la solución tiene siempre la misma ecuación, sustituir un juez
por otro hasta que haya suerte, y el próximo será José de la Mata,
quien ha ocupado el puesto del juez Ruz en la Audiencia Nacional y
pronto se ocupará del caso Gürtel. Para la trama Blesa, el CGPJ
eligió en abril de 2013 a Raquel Robles González para sustituir a
Elpidio Silva. Este mismo órgano suspendió al juez Santiago Vidal
por limitarse a redactar un borrador de una hipotética Constitución
catalana. Habrá notado el lector que uso indistintamente los
términos CGPJ y PP, puesto que este órgano, supuestamente encargado
de “velar por la garantía de de la independencia de los jueces y
magistrados frente a los demás poderes del Estado”, cuenta con
miembros electos íntegramente por el poder legislativo (ese Congreso
y Senado que, efectivamente, cuenta con una mayoría Popular que
hasta ahora ha servido para legitimar todo tipo de prácticas que van
en contra del sentido de la justicia y de la propia Constitución).
Exactamente lo mismo ocurre con los miembros del Tribunal Supremo, la
vía última en el proceso judicial que ha refrendado la condena a
Elpidio Silva y cuyos miembros también son elegidos por el poder
legislativo. De hecho su presidente, Francisco Pérez de los Cobos,
estuvo afiliado al PP hasta hace poco más de tres años.
Elpidio Silva
Llegados
a este punto me pregunto ¿es España una democracia? Quienes
argumentan que Venezuela es una dictadura argumentan que el hecho de
votar cada 'x' tiempo no convierte un país en democrático. Bueno,
¿qué hay de nosotros? Se supone que las democracias modernas se
forjan a partir de las ideas ilustradas de Rousseau y Montesquieu,
ideas que giran en torno de la separación de poderes. Así se cansan
de repetirlo una y otra vez nuestros gobernantes y, advierten, son
los nuevos partidos los que vienen a destruir ese principio
inalienable. Pero, ¿qué más queda por destruir?
El
derecho es, según la RAE, un “conjunto de principios y normas,
expresivos de una idea de justicia y orden, que regulan las
relaciones humanas en toda sociedad”. Sin embargo, la experiencia
parece indicar que el derecho es más bien el reflejo jurídico y
normativo de una ideología concreta en un momento determinado. Y las
leyes que rigen nuestra constitución fueron redactadas en plena
resaca dictatorial. Acogiéndose a la ley, el partido del gobierno
puede, por ejemplo, realizar una amnistía fiscal que salve a los
grandes defraudadores, vetando cualquier intento investigación
al respecto. Acogiéndose a la ley, la policía puede aporrear a los
manifestantes sin ninguna justificación, y se puede llevar a los
juzgados o incluso a prisión a cualquier persona
por el simple hecho de protestar. Cuando justicia, ética y equidad
no van de la mano, de poco sirven los jueces y las instituciones.
Para mí no hay frase más ruin en el mundo que aquella que dice “no
es ético, pero es legal”. Y esta frase la han recitado miles de
altos cargos -el último el señor Martínez Pujalte- y empresarios
del IBEX, pero también la hemos pronunciado alguno de nosotros
alguna vez, también la pronunció Juan Carlos Monedero. La legalidad
no debería ser un escudo, sino una herramienta para fomentar el
progreso y alcanzar la justicia social. Y la legalidad, el derecho,
la justicia, son los cimientos que suportan el peso de la democracia.
Y cuando unos cimientos están tan sumamente deteriorados, lo lógico,
lo que dicen todos los arquitectos, es que, por el bien común, hay que tumbar ese
edificio y construirlo de nuevo.
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